El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha reclamado hoy en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que la Eurocámara tome medidas para asegurar la correcta aplicación en el Estado español de la Ley de Costas de 1988, de cara a garantizar la seguridad jurídica y el derecho de la propiedad de los vecinos afectados en numerosos espacios del litoral canario y de toda España por la amenaza de derribo de sus casas.

Este tema se ha abordado en Bruselas durante la jornada de ayer y de hoy, y ha contado con la presencia tanto de la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno español, como de representantes de distintos colectivos de afectados, entre los que se encontraban vecinos de Cho Vito, en Candelaria.

Gabriel Mato ha participado en el debate y ha expresado su preocupación por el hecho de que se esté ejecutando la Ley “de forma injusta, arbitraria y sin garantizar la seguridad jurídica de los afectados”, y hay una aplicación del principio de retroactividad convirtiendo en ilegales construcciones levantadas en su día legalmente, a la vez que se vulnera un derecho fundamental como es el de la propiedad.

En este sentido, se mostró de acuerdo con los colectivos peticionarios en que es necesario que el Parlamento Europeo tome cartas en este asunto “y haga pronto algo para resolver esta injusticia, porque no puede permanecer impasible ante lo que está pasando en lugares como Cho Vito, San Bartolomé de Tirajana, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y tantos otros enclaves de Canarias, donde muchas personas ven como les tiran sus casas y no pueden hacer nada al respecto”.

El eurodiputado canario ha pedido que la Eurocámara pida al Gobierno de España que proteja los derechos de estos ciudadanos: “No es mucho pedir, pero para los miles de afectados que hay en todo el país es algo fundamental y no podemos darles la espalda”, añadió.

Al final, la decisión del Parlamento Europeo ha sido mantener abierto este expediente y remitir al Gobierno español una carta pidiendo explicaciones sobre la forma en la que se está aplicando la Ley, una posición que Gabriel Mato considera muy satisfactoria, ya que se abre una vía importante para que los afectados puedan ver efectivamente asegurados sus derechos frente a una Ley que, sin ser mala, puede ser muy negativa si no se desarrolla de forma justa.

“Los ciudadanos buscan seguridad jurídica y eso es lo que hay que garantizarles”, añade Mato, que considera que no es admisible que se llegue a una situación como la actual en la que se transforma el derecho de propiedad en un derecho a una concesión temporal, con la posibilidad del rescate de dicha concesión con una indemnización de tan solo un año, tal y como está ocurriendo en algunos casos.

Gabriel Mato ha enviado así un mensaje de apoyo a los afectados, con lo que ha tenido diversos contactos en los últimos años.