El eurodiputado destaca que dos semanas antes de que el Gobierno de España aplicase medidas para frenar la expansión de la COVID-19, este organismo “alertaba del alto riesgo de infección” en Europa

Bruselas, 27 de abril 2020.- El eurodiputado del PP Gabriel Mato pidieron ayer a la Comisión Europea (CE) que los informes del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) tengan carácter vinculante para el conjunto de los Estados Miembros, en especial “cuando esté en grave riesgo la salud de los ciudadanos europeos”. Lo ha hecho en una pregunta parlamentaria presentada por escrito al Ejecutivo comunitario, junto al también eurodiputado popular Javier Zarzalejos, en la que ha recordado que dos semanas antes de la propagación de la COVID-19, este organismo ya alertaba “del alto riesgo de infección” que existía en Europa.

Este es uno de los puntos que se abordan en texto que Gabriel Mato y Javier Zarzalejos han elevado a la Comisión Europea en relación con las alertas sobre la COVID-19 realizadas por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo con sede en Bilbao, de acuerdo con los informes del ECDC.

Según explica Mato, desde el pasado 17 de enero, la Agencia en España comenzó a hacerse eco de varias publicaciones del ECDC sobre la evolución del COVID-19 y su posible expansión en Europa.

En este sentido, asegura que el día 2 de marzo, once días antes de que el Gobierno de España adoptase cualquier medida de prevención, el ECDC alertaba de que el riesgo de infección en la UE pasaba de ser moderado a alto, y el 6 de marzo, el mismo centro invitaba a todos los gobiernos, durante el Consejo de Sanidad europeo, a reflexionar sobre las decisiones relacionadas con grandes actos públicos.

 

Gabriel Mato y Javier Zarzalejos llaman la atención sobre el hecho de que, a pesar todos los indicios y de la existencia de los informes previos del Centro europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, “el Gobierno de España permitiese que Madrid y otras ciudades españolas acogieran la celebración de eventos y manifestaciones multitudinarias el 8 de marzo, y no adoptara medidas para frenar la expansión hasta casi una semana más tarde, con la aprobación del decreto de estado de alarma, el 14 de marzo”.

A su juicio, esta situación pone de relieve la necesidad de tomar medidas para ponderar la opinión de los expertos que integran el ECDC y plantea a la Comisión Europea “la necesidad de establecer algún tipo de mecanismo que permita garantizar que sus recomendaciones son tenidas en cuenta por los Estados Miembros a la hora de fórmulas políticas de protección de la seguridad y la salud de los ciudadanos europeos, en especial cuando se alerta de un peligro grave”.

Además, los eurodiputados preguntan a la CE si va a tomar en consideración las denuncias planteadas por los sindicatos sanitarios españoles ante la situación de desprotección en la que muchos profesionales de la Sanidad se han visto obligados a desarrollar su labor contra la COVID-19. En este sentido, Gabriel Mato recuerda que la situación vivida por los trabajadores sanitarios de España incumple la normativa y directiva europea relacionada con la seguridad y salud de los trabajadores.