Gabriel Mato exige el pronunciamiento de la Comisión y el Consejo europeos sobre la expropiación de Agroisleña
El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, junto con su homólogo Pablo Arias, han remitido tanto a la Comisión como al Consejo europeos una batería de 20 preguntas dirigida a conocer qué acciones tienen previsto adoptar las autoridades europeas ante la reciente expropiación por parte del Gobierno venezolano de la empresa española Agroisleña, fundada por el empresario canario Enrique Fraga y dedicada al suministro de insumos y equipos para los agricultores.
Dentro de los requerimientos de los eurodiputados populares, se pone de manifiesto su interés por conocer si las instancias europeas son conscientes de la importancia que tiene esta empresa no sólo para el sector agrario sino para la producción de alimentos. En este sentido, recuerdan que Agroisleña es la tercera empresa española más importante con presencia en Venezuela.
En las mencionadas preguntas, los eurodiputados instan a las instancias comunitarias a que comuniquen si tienen previsto llevar a cabo alguna iniciativa de cara a lograr una salida negociada a esta situación.
Asimismo, los eurodiputados Mato y Arias reclaman información referida a conocer si tanto la Comisión como el Consejo europeos han sido notificados de esta expropiación, teniendo en cuenta que la empresa está registrada en Madrid. Igualmente, solicitan saber los argumentos en los que el Gobierno venezolano ha basado la expropiación.
Los eurodiputados piden también aclaraciones sobre las acciones que tienen previsto llevar a cabo las instancias europeas para evitar el ataque de empresas europeas sin las debidas garantías constitucionales, así como acciones para que cesen las agresiones y violaciones de los derechos constitucionales en Venezuela. En este sentido, van más allá y formulan directamente una pregunta para conocer la opinión de las máximas instancias comunitarias respecto a si el Gobierno venezolano está garantizando los derechos humanos y constitucionales.
Por otro lado, han preguntado qué acciones tienen previsto acometer para que cesen las campañas de hostigamiento contra las empresas españolas ubicadas en Venezuela, así como contra sus directores y trabajadores.
Gabriel Mato y Pablo Arias afirman que quieren conocer si la Comisión europea ha llevado a cabo alguna actuación para asegurar la proyección de los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos constitucionales cuestionados a través de la expropiación.
Por ello, instan a conocer si las instancias comunitarias consideran que se ha podido haber vulnerado el derecho a la libertad económica y a la propiedad, teniendo en cuenta los términos en los que se ha llevado a cabo el proceso de expropiación.
El eurodiputado canario Gabriel Mato hace hincapié en la importancia de que las empresas españolas puedan actuar libremente en Venezuela. En este sentido, insta a que el Gobierno español, “establezca medidas con carácter inminente para que cese la campaña de difamación contra la empresa y los trabajadores de Agroisleña y se abra una vía de negociación”.
Asimismo, demanda que la actual responsable de la cartera de Exteriores, Trinidad Jiménez, tome cartas en el asunto y adopte cuanto ante las acciones oportunas al respecto.