El PP europeo expresa su apoyo al mantenimiento de la actividad pesquera de la anguila en el Guadalquivir

El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato y su homóloga andaluza Teresa Jiménez-Becerril han expresado su apoyo al mantenimiento de la actividad pesquera de angulas y anguilas en el río Guadalquivir, tal y como ha quedado patente en un encuentro mantenido en Bruselas con una delegación andaluza compuesta por los alcaldes de Trebujena e Isla Mayor, Manuel Cárdenas y Ángel García Espuny, respectivamente, así como representantes del colectivo de pescadores, empresas acuícolas y vendedores de angula de dicha zona, invitados por el eurodiputado Willy Meyer.

Tanto Mato, en calidad de miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, como la eurodiputada andaluza Jiménez-Becerril se hicieron eco de la preocupación de la representación andaluza ante la propuesta aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y Pesca del Gobierno andaluz para implementar una moratoria en los próximos diez años de todo tipo de pesca de angulas y anguilas en el río Guadalquivir.

Para el eurodiputado Gabriel Mato y la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril, la normativa de la Junta de Andalucía para la recuperación de la anguila europea, aprobada el pasado mes de noviembre, resulta claramente lesiva para una actividad profesional arraigada durante muchos años en Andalucía y que, además, genera una importante actividad económica a su alrededor que también se vería seriamente afectada.

Señalan que, además, se trata de una medida excesiva, sin precedentes, que no está basada en argumentos científicos, planteando una evaluación global tras nueve años, lo que a todas luces parece excesivo.

Explican que esto contrasta con las acciones llevadas a cabo en países como Francia y Holanda, que encabezan la lista de capturas de esta especie, en los que se realizan paradas de entre uno o dos meses, de forma que se preserva la conservación de la especie pero sin poner en peligro la actividad económica.

A su vez, recuerda que otras comunidades españolas productoras, entre las que se encuentran Asturias, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana, han introducido algunas limitaciones para dar cumplimiento a la normativa europea para la preservación de esta especie, pero sin que ello conlleve en ningún momento la anulación de la actividad.

Por otro lado, Gabriel Mato denuncia que, además del establecimiento de una parada biológica de diez años, la Junta exige la retirada y destrucción de unas embarcaciones que ya no podrían estar ubicadas en el río, con la consiguiente repercusión económica para el sector, el cual, además, debería volver a realizar dicha inversión dentro de diez años para poder recuperar la actividad.

A su vez, el eurodiputado canario lamenta que esta medida sea una excusa para que la Junta de Andalucía no aborde el verdadero problema de fondo, marcado por la contaminación de las aguas del Guadalquivir y la consiguiente desaparición de los hábitats naturales de esta especie. Por ello, critica que desde la Administración se opte por la “inacción” en este tema en lugar de poner en marcha programas dirigidos a reducir el problema.

Para Gabriel Mato y Teresa Jiménez-Becerril, la adecuación a la normativa europea en lo que a las capturas de anguila se refiere pasa por el establecimiento de un plan de gestión que permita compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento racional de dicha actividad pesquera.

Al respecto, se muestra a favor de las medidas que desde el propio sector se han venido defendiendo, como la introducción de periodos de parada biológica de la pesca y el establecimiento de zonas de veda.

Asimismo, considera necesario el establecimiento de medidas compensatorias, tanto económicas como sociales, para todos los subsectores afectados por esta regulación y que, igualmente, se plantee el establecimiento de alternativas de empleo para dicho colectivo.

Por otro lado, insiste en que se anule cualquier otra prohibición de extracción de otras especies existentes en el río Guadalquivir y que no estén avaladas por la normativa europea.